La sentencia considera probado que Mata Hita firmó en los años 1987 y 1988 centenares de peonadas a los jornaleros de su pueblo sin haber sido trabajadas, con el fin de que los beneficiario pudieran acceder al cobro del subsidio del Plan de Empleo Rural.

El fallo dado a conocer hoy absuelve a los trece jornaleros acusados junto al alcalde, al reconocer su "creencia errónea e invencible de que actuaban lícitamente", hecho no reconocido en el caso del primer edil, que deberá pagar además una multa de 50.000 pesetas. La Audiencia de Granada absuelve asimismo al Ayuntamiento de Iznalloz de la responsabilidad civil subsidiaria.

La sentencia no estima en cambio que el alcalde de Iznallozhaya incurrido en fraude a la Administración, puesto que los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia granadina entienden que las prácticas ilegales detectadas constituyen una "picaresca a veces generalizada" y conocida por la Administración.

La Audiencia considera probadas las dificultades existentes en algunas zonas de la provincia de Granada para conseguir las 60 peonadas reales cotizadas para acceder al subsidio agrario, por lo que se han ido generando prácticas habituales irregulares par conseguir ese número de peonadas.

El alcalde de Iznalloz, al conocer la sentencia, mostró, en declaraciones a Servimedia, su rechazo a la condena y reiteró que el caso debería haberse tratado exclusivamente por la vía administrativa. Asimismo, mostró su satisfacción por la absolución de los jornaleros procesados.

La sentencia es similar a la ya dictada por la Audiencia granadina contra el alcalde de Padul, Diego García Villena, condenado a un año de prisión por firmar peonadas falsas.

La codena del alcalde se fundamenta en que un funcionario cualificado del Ayuntamiento hizo patente al alcalde en varias ocasiones la ilegalidad de la firma de peonadas falsas. Por otro lado, reconoce que los jornaleros, "con escasa instrucción", actuaron con el convencimiento de que lo hacían bajo responsabilidad del alcalde, responsable de la legalidad en el municipio.

En cambio, el fallo absuelve al alcalde de los delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad en las certificaciones, de las que estabaacusado por el abogado del Estado. Además, tanto él como los jornaleros han sido absueltos del delito de estafa del que eran acusados por el Ministerio Fiscal.