La Sección Segunda de la Audiencia granadina absuelve sin embargo al alcalde de los delitos de defraudación a la Hacienda Pública y falsedad en certificaciones, de los que estaba acusado por el abogado del Estado por haber firmado peonadas no trabajadas a vecinos necesitados del pueblo para que consiguieran cobrar el subsidio del PER.

El fiscal retiró en la vista oral de juicio las acusaciones contra la ex secretaria del Ayuntamiento y los 4 jornaleros que fueron procesados por este caso, por lo que la sentencia dada a conocer hoy les absuelve.

La resolución judicial estima que "la picaresca para la obtención de las 60 peonadas del PER está extendida en amplias zonas rurales, por la escasez de trabajo y la incorporación al mercado laboral de importantes sectores de la población".

Se trata de una sentencia similar a las dos conocidas por hechos parecidos, la del lcalde de Padul y la del de Iznalloz, que fueron condenados a un año y diez meses de prisión, respectivamente, mientras que en los tres juicios todos los jornaleros acusados fueron absueltos.

El magistrado Rafael Caballero Bonald, ponente de la sentencia, indica que la justicia "debe orillar disquisiciones ajenas a su ámbito, como las innegables carencias y situación económica del municipio para pasar por su cedazo los casos denunciados".

El presidente de la Sección Segunda lamenta que no se hayapodido seguir "un sistema no selectivo con bases crematísticas para depurar responsabilidades". Para Caballero Bonald, de esta forma los habitantes de Guadahortuna podrían estar preguntándose por qué unos sí y otros no a la hora de determinar quién se sienta en el banquillo de los acusados.