En ese mismo plazo, el que estudiará con más énfasis la comisión de investigación parlamentaria sobre los expedientes prescritos por un importe de 200.000 millones de pesetas, se dictaron 18 sentencias favorables a los contribuyentes.

Del total de las sentencias favorables, dos fueron emitidas por la Audiencia Nacional el 25 de mayo y el 12 de julio de 1994, año en que el criterio de los tribunales había comenzado a variar suediéndose a partir de entonces sentencias que convalidaban la prescripción de los expedientes que excedieran los 6 meses de tramitación en la Oficina Técnica.

Otras cuatro fueron dictadas por los tribunales superiores de Justicia de Cataluña, Madrid, La Rioja y Asturias, con fecha del 6 de junio y 6 de julio de 1995 y del 15 de enero y 27 de febrero de 1996, respectivamente. Las ocho sentencias restantes corresponden al Tribunal Económico Administrativo Central.

Se da la circuntancia de que en ladocumentación entregada por el Gobierno a los diputados miembros de la Comisión de lnvestigación tan sólo figuran citadas las 18 sentencias contrarias a los criterios de la Administración de Hacienda y, por tanto, en favor de la prescripción.

Entre los dictámenes favorables a las reclamaciones de los contribuyentes se encuentra la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 1996 en la que se apoya el Ejecutivo para afirmar que existe una línea de orientación clara en la administración de justiia en el sentido de declarar prescritos los expedientes que hubieran recibido dictamen dentro del plazo de 6 meses.

También figuran cuatro sentencias de la Audiencia Nacional de el 22 de noviembre y el 20 de diciembre de 1994, y del 2 de abril y 16 de abril de 1996. Otras once corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Aragón, Valencia y Castilla-La Mancha,y las 2 restantes al Tribunal Económico Administrativo Central.