Detalló que en la ceremonia de traspaso de poderes, que duró unas dos horas, se habló, entre otros asuntos, de este problema, si bien en términos generales, debidoal escaso tiempo en que se produjo la entrevista.

Añadió que en dos documentos concretos de los que se pasó al Gobierno popular figuraba este asunto, y que además el actual secretario de Estado, Juan Costa, fue informado al respecto por su predecesor, Enrique Martínez Robles, y por la entonces directora de la Agencia Tributaria, Juana Lázaro.

Buena parte de su intervención estuvo dedicada a aclarar el alcance de una nota de la Inspección Tributaria que fue encargada a título personal. Solbes reitró que no tuvo conocimiento de su existencia, e incluso puso en duda que se tratara de un informe.

"No era una nota, era un intercambio de opiniones. Se ha hecho una extrapolación con manifiesta mala fe sobre un documento que nunca existió", afirmó.

Solbes indicó que el debate surgido sobre la cantidad de deuda tributaria que presuntamente va a prescribir es "estéril e irrelevante", puesto que el auténtico problema era la adopción de medidas para evitar la prescripción de expedientes.

Tambié insistió en que, a partir de la sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 1994 y hasta el 31 de diciembre de 1995, Hacienda tomó medidas para que las actas se tramitasen dentro del plazo de seis meses.

Según su versión, la Oficina Nacional de Inspección (ONI) de Madrid quedó "limpia" de actas de ese período, aunque reconoció que en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Madrid se quedaron 1.000 expedientes de esa época pendientes de resolución, debido a la complejidad de los caso que se estaban tratando.

QUEJAS DE CiU

Por otra parte, el portavoz de CiU en la comisión, Francesc Homs, aprovechó su turno de palabra para expresar sus quejas hacia las continuas alusiones de los comisionados al asunto de las primas únicas, que, a su entender, no son el objeto del trabajo de este órgano parlamentario, ya que estos expedientes no se encuentran en peligro de prescripción.

Afirmó que las actuaciones de Solbes respecto a este asunto fueron "correctas". Fue más lejos y aseguró incuso que si los reglamentos de la inspección o las actuaciones en este departamento no han sido las correctas para evitar la prescripción de expedientes, "yo no veo la responsabilidad del ministro de Economía", dijo en relación con el compareciente.

Las quejas expresadas por Homs motivaron una réplica del presidente de la comisión, Jon Zabalía, quien aclaró que los grupos parlamentarios tienen derecho a referirse a la cuestión de las primas únicas e ironizó sobre el papel que CiU ha adoptado al respect: "El titular de esos expedientes puede estar tranquilo, por la defensa permanente que usted está haciendo", dijo aludiendo de forma velada a La Caixa.

Otra intervención curiosa fue la Pilar Rahola, diputada del Grupo Mixto, quien lamentó la creación de esta comisión de investigación porque, según ella, la función del Congreso debe ser controlar al Gobierno actual, no a su antecesor. Aseguró que la existencia de este organismo denota la existencia de "paranoia" en el Parlamento.

La intervención ms dura fue la del portavoz del PP, Jaime Ignacio del Burgo, quien acusó a Solbes de "no haber luchado hasta el final" por los 20.000 millones que se le reclamaban a La Caixa al permitir que se desistiera el recurso del Gobierno a la resolución de los ciudadanos.

Del Burgo insistió en que la responsabilidad del Ejecutivo de entonces le tenía que haber llevado a que se presentara recurso ante el Tribunal Supremo, tras las sentencias emitidas por la Audiencia Nacional en favor de la entidad catalana, y sbrayó que el ex ministro había abogado personalmente por buscar una solución global a esta cuestión.

"A usted (Solbes) le contaron una película que no era verdad y no quiso tomar una cautela que hubiera resuelto el problema", comentó el diputado popular.