Martínez Pujalte, preguntado por las declaraciones hechas ayer por miembros del PSOE con respecto a la documentación remitida a la comisión que investiga la presunta prescripción de 200.000 millones de pesetas, ironizó sobre la preocupación que actualmente demuestra este partido político sobre el tema y la dejación con la que actuó en la inspección fiscal uando era Gobierno.

El diputado del PP declaró a Servimedia que el portavoz de Economía de los socialistas, Juan Manuel Eguiagaray, bien podría pedir responsabilidad "a los señores sentados en sus bancos (del PSOE) del Congreso".

El representante del Grupo Popular añadió que, en contra de las afirmaciones hechas por los socialistas, es "incuestionable" que "hay 200.000 millones que no se han ingresado en la hacienda pública".

También criticó el hecho de que diversos comisionados de esa formaión política hayan valorado el contenido de la información remitida por el Gobierno, puesto que esta documentación "tiene carácter confidencial y sólo debe servir para el trabajo de la comisión".

"De entrada, ya se ve que la voluntad del PSOE de respetar los trabajos de la comisión es bastante floja", dijo, y acusó a este grupo de tratar de entorpecer la labor de este órgano parlamentario.

Para Martínez Pujalte, las declaraciones hechas ayer demuestran que los comisionados del PSOE "no parecen haerse estudiado la documentación". El diputado popular señaló que la información remitida es "suficiente" para empezar a trabajar, sin perjuicio de que más adelante se soliciten datos complementarios.

En cuanto a las acusaciones de que el Gobierno no ha proporcionado toda la información que se solicitaba, el parlamentario del PP aseguró que "el PSOE trata de engañar a la opinión pública", puesto que la comisión no ha solicitado ninguna información concreta.

En relación con la petición de IU de quese anule el artículo del reglamento de la inspección fiscal que ampara las prescripciones, el portavoz de Hacienda del PP insistió en que no se puede eliminar una normativa que protege los intereses de los contribuyentes. Recordó además que podría ser inconstitucional tomar esta decisión con carácter retroactivo.