Saura explicó que el Ejecutivo se planteó esta cuestión como "una operación política de erosión del anterior Gobierno", cuando en su opinión lo primero que tenía que haber hecho es anular el artículo 34.1 del Reglamento de la Inspección Fiscal, que es el que puede motivar la prescripción de esos expedientes.

El diputado aseguró que la Ley General Tributaria establece que la nrmativa que regula la actuación de la inspección fiscal sólo se puede modificar por ley, por lo que el mencionado artículo está contradiciendo la legalidad vigente.

La coalición ha presentado una interpelación urgente para que el Gobierno explique en el próximo pleno del Congreso de los Diputados, que tendrá lugar el día 12, qué medidas ha tomado para garantizar el cobro de los 200.000 millones de pesetas.

Asismismo, IU presentará una moción para que se inicie el proceso de nulidad. Saura apeló ala responsabilidad de los grupos parlamentarios para que apoyen esta iniciativa. En su opinión, dar este paso supondría reconocer que los expedientes no han prescrito y que se va a dar la batalla jurídica para que esto no suceda, y de esta forma se acabaría con los "fuegos de artificio" del Gobierno sobre esta cuestión.

El portavoz de esta formación política juzgó como "gravísimo" el hecho de que la documentación remitida por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, al Congreso de los Diputado sobre este caso no plantee la posibilidad de la anulación del referido artículo.

No obstante, Saura reconoció que de la información que les ha sido remitida se deduce que hubo "graves negligencias e irregularidades" en la actuación de la inspección fiscal, aunque no hay pruebas de que se produjera 'amiguismo' para beneficiar a determinados colectivos. Añadió que, por tanto, el Gobierno socialista no está exento de responsabilidades.

En cuanto al objeto que debe tener la comisión de investigaciónque se está poniendo en marcha, el diputado señaló que su principal cometido debe ser averiguar si la Agencia Tributaria ha actuado o no con eficacia, comprobar si se ha beneficiado a determinados sectores sociales y tomar las medidas oportunas para corregir esta situación.