Rodríguez quiso dejar claro que corresponde a la Cámara Baja decidir qué tipo de comisión de investigación ha de abrir y quiénes comparecerán en ella. Igualmente, subrayó que serán los órganos judiciales -y nunca el Gobierno- los que decidan sobre posibles responsabilidades penales.

El portavoz gubernamental aseguró que el Ejecutivo que preside José María Aznar "no etá utilizando nada como revancha, ni quiere azuzar el pasado", y que se limita a hacer del "diálogo, del consenso y de la negociación" su eje de actuación política.

Asimismo, reiteró que en el caso del fraude fiscal denunciado el Gobierno ha cumplido con su obligación: informar a la opinión pública y al Congreso de que ha habido una negligencia de la Administración anterior, que ha favorecido a 600 contribuyentes, "que por cierto no creo que estén enfandados con los gestores anteriores", puntualizó Roríguez.