Cruz, que intervino en un curso de verano de la Universidad Complutense de El Escorial sobre "Administración Tributaria y Derechos del Contribuyente", abundó con estas palabras en los planteamientos que, según el director de la Agencia Tributaria, Jaime Gaiteiro, deberían inspirar la nueva reforma fiscal.

Gaiteiro había afirmado 24 horas antes que no existe margen para subir nuevamente los impuestos que el Fisco tendrá que ir acostumbrándose a increentar los ingresos por la vía de perseguir el fraude y no de aumentar la presión.

Miguel Cruz señaló que la reforma de la Ley General Tributaria no tiene porqué recoger un estatuto específico del contribuyente porque, a su juicio, los derechos de los declarantes están "suficientemente protegidos y contemplados en la Constitución y en la ley".

Señaló que "es más necesario corregir los déficits de gestión de la Administración Tributaria que los posibles vacíos normativos que pueda haber en un estatto de los contribuyentes, y se mostró más partidario de reformar en la futura ley la definición del delito fiscal.

Según el director general de Tributos, "el gran cambio se tiene que producir por la vía de la desaparición del delito tributario contable y su integración en otras figuras que desarrolla el Código Penal", así como la revisión del régimen de sanciones para que sean coherentes con el Código Penal.

Actualmente es delito fiscal defraudar una cuota de más de 5 millones de pesetas, lo que stá castigado con prisión menor (de seis meses y un día a seis años) y una multa que puede llegar hasta un séxtuplo del importe ocultado, 30 millones como máximo.

Los últimos datos publicados por la Administración Tributaria cifran en 72 los expedientes por delito fiscal que abrió Hacienda en 1991, con una cuota oculta de 3.051 millones de pesetas.