El presidente de la comisión, Jon Zabalía, ha explicado a los periodistas que las sesiones de este órgano serán públicas, y que también ha habido consenso en este punto. Sin embargo, las reuniones de carácter deliberativo tenrán carácter secreto, puesto que así lo establece el reglamento del Congreso de los Diputados.

Zabalía señaló que el Gobierno deberá remitir toda la información solicitada antes del día 19. La comisión ha acordado que tanto la documentación que se solicite como el listado de comparecientes ante este órgano estarán abiertos, por lo que en cualquier momento se podrán hacer peticiones adicionales. Por tanto, no se establecerán limitaciones.

La petición de información al Ejecutivo se realizará muy prbablemente a última hora de esta tarde, aunque en caso de retraso se podría producir a primera hora de mañana.

El presidente añadió que la confidencialidad de los trabajos de la comisión se extenderán también al estudio de aquellos casos que se encuentren en proceso judicial.

Asimismo, la comisión ha establecido su calendario de trabajo para las próximas semanas. El plazo para que los comisionados pidan una primera ronda de comparecencias expirará el 4 de abril, una vez que se haya estudiado la iformación remitida.

La próxima reunión de la comisión tendrá lugar el 9 de abril, para aprobar las comparecencias que se van a solicitar y establecer las siguientes actuaciones. Zabalía recordó que, en principio, el plazo máximo para que se hagan todos los trabajos expira en dos meses, aunque incidió en que lo importante es que se pueda llegar a conclusiones sobre la presunta prescripción de los expedientes, más allá del respeto hacia unas fechas.

El objeto de la comisión es, según su presidente,"analizar las denuncias del Gobierno sobre los expedientes presuntamente prescritos". Después, los grupos parlamentarios sacarán sus propias conclusiones sobre lo ocurrido y la responsabilidad política que se deduzca de ello.

Jon Zabalía criticó la documentación ya remitida por el Gobierno a la comisión, a la que calificó de "absolutamente incompleta" y de insuficiente "siquiera para empezar a trabajar". Este bloque informativo es el mismo que Hacienda ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Baltsar Garzón.