Rodríguez-Ponga ha declarado a Servimedia que "en la última época, el Gobierno socialista tomó medidas para atajar y resolver esto", y que l oficina técnica (de la Inspección, donde se supone que se ha producido la paralización) "se ha agilizado en los últimos tiempos, de dos años hacia acá, lo que pasa es que este problema se arrastra desde antiguo".

Señaló que entre los ámbitos fiscales "es sabido que la oficina técnica de la Delegación de Madrid está colapsada, porque los contribuyentes recurren las cantidades que se les reclaman". El fondo del asunto, en su opinión, es que "la Administración no está preparada para resolver la cantidadde litigios que tiene".

INVESTIGACION

En cualquier caso, la posición del REAF es que se aclare el asunto y que se abra una investigación al respecto por parte del Gobierno. "Si se ha producido una negligencia consciente, deberán actuar los fiscales", agregó su presidente.

Rodríguez-Ponga discrepó con Hacienda sobre la cantidad de 200.000 millones de pesetas que dejará de percibir el fisco. "Eso debe ser el importe total de los expedientes paralizados, pero no quiere decir que se pudieran ingresr enteramente, porque muchos son expedientes litigiosos que muchas veces quedan anulados por la propia oficina técnica, y luego están los tribunales, que también pueden fallar a favor del contribuyente", explicó.

El presidente de los asesores fiscales estimó que Hacienda "se ha lanzado demasiado pronto" en este asunto. Respecto al plazo máximo de seis meses que puede estar paralizado un caso (superado el cual se considera como prescrito), señaló que es un aspecto "que se conoce hace tiempo".

Estaislao Rodríguez-Ponga recordó que el Decreto Ley que regula la inspección fiscal establece que la oficina técnica debe decidir en el plazo máximo de un mes, precepto que nunca se ha respetado y por el que "no se han pedido responsabilidades".