En su escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, Almunia expresa su "más profunda sorpresa" por esas interpretaciones jurídicas y expone que a juicio de su Grupo, a la solicitud de creación de la comisión "le es de plena aplicación lo dispuesto en el artículo 113.1.e) de a Ley General Tributaria, en la redacción dada a la misma por la modificación aprobada en 1995. Por lo tanto, me parecen fuera de lugar las referencias hechas al Real Decreto Ley de 1994, que entiendo no es en absoluto aplicable a nuestra solicitud".

Ese Real Decreto regula la obligación de comunicación de determinados datos fiscales a requerimiento de las comisiones de investigación cuando se refieran a funcionarios públicos. De su aplicación se derivaría que sólo se podrá conocer la identidad de aqullos afectados que hayan sido funcionarios públicos y no la de todos los expedientados.

Almunia concluye en su escrito al Presidente de la Cámara que "salvo que desde esa Presidencia se nos haga llegar un dictamen jurídico que pudiese fundamentar las opiniones vertidas por el portavoz de la Mesa, le ruego que aclare convenientemente la situación creada. De lo contrario, entenderá muy bien que considere que se están limitando los derechos que asisten al Grupo Parlamentario para presentar las iniciativa que considere oportunas".