Según informa la eléctrica, el fraude eléctrico en España se ha incrementado de manera relevante en los últimos años hasta convertirse en un serio problema con especial incidencia en algunas zonas del país.

De hecho, en los últimos cinco años, los casos de manipulación de las instalaciones eléctricas detectados por Endesa han crecido un 35% y los vinculados a plantaciones de marihuana casi un 70%.

Tan solo el pasado año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló cerca de 150 fraudes al día, una práctica que supone una grave amenaza para la seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad.

La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 58% hasta alcanzar los 662 gigavatios hora (GWh), equivalente al consumo de 190.000 hogares. “La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Supone un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores”, señala José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.

Plantaciones de marihuana y grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios acapararon el 74% de la energía defraudada detectada durante el pasado ejercicio por la filial de Endesa. La otra cuarta parte correspondió al sector residencial, aunque es destacable que sólo el 2% se localizó en las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3kilovatios (KW).

Por el contrario, las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, concentran ya el 37% de la energía recuperada en los fraudes detectados por Endesa, casi diez puntos más que hace un año. Cada día de 2023, los técnicos de e-distribución desconectaron de la red una media de 7 plantaciones de marihuana.

Endesa señala que cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas con lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente.

Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 teravatios hora (TWh) de electricidad, equivalente al consumo de Sevilla en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica.

Así, generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados. Durante el pasado año, se incendiaron 14 centros de transformación sólo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude.

La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por “verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal” según los datos del ministerio del Interior, supone además un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que deben actuar encapuchados para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial.

En el último año, e-distribución ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos 'indoor', una colaboración que se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, ya que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.

Por todo ello, Endesa lamenta que en España la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa a diferencia de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, donde se considera un delito grave que puede acarrear pena de cárcel.