"El debate está abierto y no debemos cerrarnos a ninguna posibilidad", indicó Del Río a Servimedia. "Lo primero es investigar por que no se había empezado la ejecución (de la sentencia), qué razones hubo para que este individuo no estuviera en la cárcel", apuntó. "Y después, estudiar si deberían establecerse medidas adicionales a la propia pena privativa de libertad, como un seguimiento al sujeto cuando se pueda deducir que hay peligro de reincidencia", concretó.

Del Río admitió que "había una persona con dos condenas por hechos muy delicados, que revelaban una posibilidad de reincidencia, y no se inició ninguna medida". Y agregó que "detrás de estos fallos siempre hay una víctima o un perjudicado, en este caso con un resultado muy triste".

Finalmente, propuso estudiar el establecimiento de "medidas específicas de seguridad añadida" para este tipo de delincuentes. "En muchos casos no se puede encerrar a una persona para toda la vida. Entonces se podrían estudiar medidas de libertad vigilada, que no se limiten al cumplimiento de la pena". Y apuntó alternativas como "la obligación de presentarse semanalmente, por ejemplo, a un centro de salud para ser controlado o seguir un tratamiento específico".