En declaraciones a Servimedia, Quintana confió en que el proceso de contactos con la banda terrorista anunciado este mediodía por el jefe del Ejecutivo es "netamente político, y debe se dirigido por el Gobierno y el Parlamento, que han de asumir su responsabilidad".

"Estamos esperanzados en que este proceso que busca el fin de la violencia tenga sus frutos y sea definitivamente el final de la banda terrorista", insistió el portavoz de esta asociación judicial.

Por lo que respecta a la postura de su asociación ante esta iniciativa del Gobierno, recalcó que al poder judicial le compete proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la aplicación de la ley, porque estas son las funciones que tienen constitucionalmente encomendadas.