Ambos magistrados enviaron una carta a la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, en la que mostraban su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Dicha modificación prorrogaba el mandato de la propia Casas y del vicepresidente del Tribunal, Guillermo Jiménez.

La decisión de aprobar las recusaciones responde, según explicó del Río a Servimedia, a la doctrina de "imparcialidad objetiva" de cualquier persona que vaya a juzgar un asunto. "Desde el momento en que estos magistrados ya habían expresado una determinada opinión o posicionamiento, parece que era inevitable aceptar la recusación", indicó. "Más que nada, porque han tenido un contacto previo, o un posicionamiento previo con el asunto a debatir", aclaró.

En ese sentido, manifestó que "el juez debe mantener una lejanía, y no tomar parte ni manifestar su posición con anterioridad al debate del tema en cuestión".

Del Río comparó la decisión de aprobar las recusaciones de los dos magistrados conservadores con la desestimación, el pasado mes de noviembre, de las recusaciones planteadas por el PP contra tres magistrados del ala progresista del Tribunal, concretamente Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps.

"Ellos no se habían posicionado sobre la reforma en sí; en cambio estos dos -Rodríguez Zapata y García-Calvo- sí mandaron un escrito, precisamente a la presidenta, manifestando su disconformidad con la reforma, luego ya habían dado una opinión anticipada sobre el criterio", explicó.

Del Río añadió que las recusaciones planteadas por el PP contra dos magistrados progresistas fueron desestimadas porque las pruebas que se presentaron contra ellos se reducían a una información de un periódico, "que ellos desmintieron", por lo que no se pudo demostrar y el asunto se quedó en nada.