El acuerdo entre EDF y Redesa forma parte del Plan Energético Nacional (PEN) para el periodo 1992-2000, que incluye la compra de 1.000 megawatios de electricidad a Francia durante 10 años desde 1994.

Fuentes del sector eléctrico español consultadas por esta agencia señalaron que la demoa de los tribunales galos no sólo afecta al contrato con EDF, sino a las previsones de demanda energética para dentro de dos años, por lo que el Gobierno debería estudiar vías alternativas para garantizar ese suministro.

El escepticismo de los expertos españoles y franceses está en la suspensión de las obras ordenada a finales de 1991 por el tribunal de Pau hasta que resuelva el litigio, lo que ya impide iniciar las obras en el presente verano, único periodo en el que es posible trabajar en las zonas el trazado, y proseguirlas en los meses estivales de 1993.

EDF ha intentado por todos los medios acortar los trámites judiciales para aprovechar el perido veraniego que aún queda, al recurrir al Consejo de Estado francés, pero en cualquier caso los jueces de Pau serán los que tengan la última palabra.

El litigio fue suscitado por varios colectivos ecologistas franceses, que presentaron una demanda por daños al medio ambiente contra el trazado de la red de alta tensión que debía unirse a la españoa a través de los Pirineos.

Según los conservacionistas, el paso del tendido por el valle francés de Lourón no es bueno para la fauna y la flora de la zona y recomiendan dos recorridos alternativos, uno por el valle de Arán y otro por la localidad de Gavarnie.

Tampoco el tendido del lado español que propuso Redesa ha estado exento de críticas ecologistas, que no han impedido el inicio de las obras, aunque aún queda por ejecutar la parte más complicada del trazado, que transcurre por el Pirineo hata la localidad francesa de Cazaril.

Uno de los principales escollos que deberá superar Redesa es la construcción del tramo que discurre entre el valle de Gistain, en Huesca, y sobre el que pesan varios recursos interpuestos por grupos ecologistas españoles ante el Tribunal de Luxemburgo.

En sus alegaciones, los conservacionistas penínsulares acusan al Gobierno español de haber utilizado la declaración de interés público sobre el trazado del tendido para emprender las obras, a pesar de que la zon afectada está declarada Zona de Especial Protección para las Aves.