En junio de 2004, ambos fueron condenados a 9 años de prisión por el Tribunal Correccional de París, que les encontró culpables de asociación de malhechores con fines terroristas, tenencia ilícita de armas, documentos falsos y por utilizar un vehículo robado y matrículas falsas.

Los dos llegaron hoy a España, trasladados por agentes de Interpol de la Dirección General de la Policía. La entrega temporal de estas dos personas se produce en virtud de sendas órdenes internacionales de detención emitidas por la Audiencia Nacional.

Además, sobre Asier Arzalluz pesaban seis órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitidas por la Audiencia Nacional, mientras que sobre Aitor Aguirrebarrena había otras dos.

Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain son considerados por las fuerzas y Cuerpos de Seguridad como miembros de la banda terrorista ETA.

Según el Ministerio del Interior, han pertenecido a la infraestructura del "comando Ttotto", del que también formó parte Ignacio Guridi Lasa, y están implicados en varios atentados, así como en el asesinato de tres personas: dos guardias civiles y el periodista del diario "El Mundo" JoséLuis López de la Calle.

Fuentes jurídicas explicaron que la entrega temporal de Asier Arzalluz Goñi se ha concedido por once causas que tiene pendientes en la Audiencia Nacional, y la de Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, por cuatro.

Ambos pasarán hoy a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien se encuentra de guardia y quien decretará su ingreso en prisión.

ONCE CAUSAS

Entre las causas por las que se ha concedido la entrega de Asier Arzalluz para que sea juzgado no se encuentra la del asesinato del periodista de el diario "El Mundo" José Luis López de la Calle. No obstante, tendrá que responder por un caso abierto por presuntos delitos de armas y falsificación, en relación al "comando Vizcaya" de ETA que operó de 2001 y 2003. Otra de las causas por las que se ha concedido su entrega es la que se abrió por el atentado perpetrado por ETA contra el cuartel de la Guardia Civil en Agreda (Soria), el 16 de julio de 2000.

También tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por la causa referida al atentado perpetrado en Sallent de Gállego (Huesca) el 20 de agosto de 2000, en el que murieron dos guardias civiles, uno hombre y una mujer. Esta se convirtió en la primera agente de la Benemérita asesinada por ETA.

Asier Arzalluz también está procesado por el atentado perpetrado contra la discoteca Txitxarro, situada en el alto de Itziar (Guipúzcoa), el 10 de septiembre de 2000. Además, también tiene pendiente una causa por su supuesta implicación en el atentado perpetrado contra el Centro de Rehabilitación de Menores de Zumárraga, el 22 de febrero de 2001.

Otra de las causas por las que se ha concedido su entrega se refiere a un explosivo colocado en una pancarta que rezaba "policía asesina, ETA mátalos", colocada en el parque Etxebarría (Bilbao), el 20 de noviembre de 2001. Dos ertzaintzas resultaron heridos.

También se le juzgará en la Audiencia Nacional por la explosión de un coche-bomba en el Corte Inglés de la Gran Vía de Bilbao, el 12 de enero de 2002.

TENTATIVA DE ASESINATO

Además, otra de las causas por las que se ha concedido su entrega se refiere a la tentativa de asesinato el 17 de enero de 2002 de Enrique Ybarra Ybarra, el que fuera presidente del Consejo de Administración del Grupo Correo.

Deberá responder también ante la justicia española por el envío de un paquete bomba, también el 17 de enero de 2002, al que fuera director de Rne en Euskadi, Santiago Silván.

La última de las causas por las que se ha concedido su entrega se refiere al atentado perpetrado el 19 de febrero de 2002 contra el que fuera secretario de Política Institucional de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Eduardo Madina, actualmente diputado. Las cuatro causas por las que se ha concedido la entrega de Aitor Aguirrebarrena son las abiertas por los atentados en la discoteca Txitxarro, contra el cuartel de la Guardia Civil en Agreda (Soria), contra el centro de menores de Zumárraga y el perpetrado en Sallent de Gallego (Huesca).