Los diferentes portavoces de la oposición consideraron que la reforma de la ley tiene como única motivación servir de instrumento para que Fraga reedite en las autonómicas del 93 su exigua mayoría actual.

Por el grupo popular, sus portavoces habituales rehuyeron el debate y la diputada del PP Guadalupe Varela, se limitó a apuntar que la ey desea evitar una excesiva atomización de la Cámara autonómica (ahora hay diputados de cinco partidos en cuatro grupos) y que estén en el Parlamento las fuerzas con verdadera implantación social. También dijo que la inelegibilidad de alcaldes obedece a un principio de separación de poderes.

Uno de los aspectos más criticados fue el de la inelegibilidad de los alcaldes, que todos los portavoces de la oposición estiman de dudosa constitucionalidad.

El portavoz del PSOE gallego, Ceferino Díaz, dennció que el PP rompe con esta reforma un consenso logrado en 1985. "Su pánico electoral les lleva a tratar de eliminar alcaldes con prestigio, cosa que ustedes no tienen, con un precepto poco presentable", dijo.

Por otro lado, el Grupo Popular rechazó varias enmiendas en las que los grupos de la oposición nacionalista trataban de introducir preceptos que el PP defiende para la ley electoral general, como medidas de inelegibilidad contra tránsfugas, algo para lo que el PSOE gallego reclamó un pacto étio.

Ceferino Díaz, dijo, además, que "el transfugismo aquí es rentable, y por eso se cambia postura de Madrid, pero esto también es una bofetada y un aviso para Aznar".

Por último, apuntó que Fraga fue uno de los culpables de que el Estatuto de Autonomía de Galicia, elaborado en 1989, incluyera al principio el tope electoral del 5 por ciento que fue rebajado después al 3, en un pacto unánime entre todas las fuerzas políticas gallegas.