La "Ertzaintza", coordinada por el juez Bueren de la Audiencia Nacional, tomó declaración a 62 empresarios que recibieron cartas delos etarras, en las que les pedían el llamado "impuesto revolucionario".

Según fuentes de la policía autónoma, el fracaso de esa campaña de extorsiones desencadenada por ETA fue porque los empresarios se negaron a pagar el importe que los terroristas les reclamaban.

Desde el pasado lunes, los funcionarios entrevistaron a más de medio centenar de empresarios objeto de la extorsión y realizaron más de sesenta registros.

La policía aseguró que 62 empresarios vascos se negaron a pagar el "impueso revolucionario" en los últimos años, mientras que sólo uno había comenzado los trámites para realizar los pagos y ya había hecho efectivos un total de tres millones de pesetas.

Las investigaciones demostraron que durante 1992, la recaudación de la banda terrorista sólo ascendió a esa cantidad y que Vizcaya figuraba como la provincia donde los etarras extorsionaban a más empresarios, con un total de 22, seguida de Guipúzcoa, con 20, y Alava, con uno, mientras que en Navarra había 9 casos.

Despué de haber estudiado toda la documentación, la policía vasca comprobó que la banda terrorista dividía a los extorsionados en cuatro grupos: "los posibles receptores de peticiones económicas", de los que ETA estaba recopilando información; los que recibieron alguna carta a lo largo del 90; los destinatarios que habían recibido notificaciones entre julio y agosto de 1991, y aquellos que se habían negado reiteradamente a pagar la suma exigida, los más numerosos.

La operación policial, que comenzó el pasad lunes, fue la continuación de la comenzada en enero, que culminó con la detención de cuatro personas y desarticuló la red de recaudación del "impuesto" terrorista.

Por otra parte, el consejero del Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, calificó la iniciativa policial de "nueva victoria cívica sobre ETA", al comprobar que los empresarios se habían negado a realizar los pagos, y destacó la entereza moral de los extorsionados.