El portavoz de STEs, Augusto Serrano, declaró en un comunicado que la FP reglada que se enseña en los centros educativos quedará subordinada a los intereses del empresariado, ya que éstos podrán ofrecer títulos con un valor académico equiparable y cuya obtención resultará más fácil.

La confederación también cree que el proyecto discrimina a los estudiantes en el acceso a la formación en función de dónde vivan, al diversificar la naturaleza y "categoría" de los centros de FP (nacionales, integrdos y el resto), que competirán "en desiguales condiciones en cuanto a medios materiales y humanos a la hora de ajustar su oferta formativa".

STEs está además en desacuerdo con el modelo de dirección de los centros integrados que defiende el proyecto, ya que cree que el nombramiento de los responsables directamente por la Administración, al margen de la elección democrática, supone un "grave retroceso".

La Confederación ve el proyecto "una medida más del PP en contra de la enseñanza pública" y anncia que va a iniciar una campaña de rechazo al mismo durante su tramitación parlamentaria.