El calendario legislativo quedará perfilado antes de verano, pero es probable que el primero de esos proyectos, la Ley de Cooperación al Desarrollo sea aprobado el próximo viernes por el Consejo de Ministros.

Con ese texto del Ministerio de Asuntos Exteriores y la futura Ley del Voluntariado, que redacta Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno pretende ordenar un ámbito, el de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), de fuerte crecimiento en los últimos años.

La Ley de Cooperación al Desarrollo incluirá un registro de las ONGs que trabajan fuera de España y medidas de fiscalización de inversiones empresariales con Fondos de Ayuda al Dearrollo (FAD) y del dinero que dan los españoles al Tercer Mundo. Se pretende garantizar que la ayuda va "a los pueblos y no a gobiernos totalitarios", explicaron las fuentes consultadas.

Un segundo proyecto es la reforma de la Ley de Asociaciones, que data del año 1964 y que, a juicio del Ejecutivo, ha quedado obsoleta en democracia porque precisamente se hizo por el franquismo para frenar la organización de la sociedad civil.

El PP entiende que a los socialistas no les interesó reformar esa leyen sus trece años de gobierno debido a que, con la normativa vigente, "controlaban" las asociaciones de vecinos y las de padres de alumnos, principal frente social de la izquierda española, aseguraron las fuentes gubernamentales.

SOCIEDADES AGRARIAS COMO PYMES

Los proyectos tercero y cuarto, que tienen tanto de apoyo a la sociedad civil como de impulso a la actividad económica, son las reformas de la Ley General de Cooperativas y de la Ley de Sociedades Agrarias. Esta última revitalizará el núcleo fndamental de las relaciones en el campo con un tratamiento fiscal análogo al de la pequeña y mediana empresa (pymes).

La quinta iniciativa es una reforma de la Ley de Fundaciones y de Mecenazgo para fomentar las aportaciones de personas físicas y jurídicas privadas a proyectos sociales y culturales.

El Plan integral de Apoyo a la Familia, sexta iniciativa, implica a varios ministerios y para su redacción se está a la espera de las conclusiones de la subcomisión sobre la Familia en el Congreso de os Diputados. Todavía no está claro si se unificará en un proyecto de ley o se redactará un plan de los llamados 'transversales' (que afectan a varios ministerios), cuyas medidas se dispersan en reformas legales y decretos-ley.

Desde el Gobierno, no obstante, se adelanta ya que hay que acabar con el hecho de que las cargas familiares no sean reconocidas en la base imponible del IRPF y sólo se desgrave en la cuota. Esto no anima, por ejemplo, a la conservación de los mayores en la familia y sí a su ingeso en residencias. Por eso se estudia, según adelantó el pasado jueves el diario "Abc", desgravar 100.000 pesetas por cada anciano a cargo.

Además, habrá una reforma de la Ley de Familias Numerosas y una de las medidas consistirá en extender los beneficios de las familias numerosas a las que tengan dos hijos y uno de ellos sea discapacitado

La séptima y última iniciativa legislativa es la Ley del Mayor, ligada al Plan de la Familia, en la que tendrá una amplia atención el voluntariado de servici a los ancianos.

LEY DE SECRETOS, APARCADA

Esta tercera ofensiva legislativa se produce después de cerrar el segundo bloque, en el que estaban incluidas la Ley Orgánica del Funcionamiento de la Administración general del Estado (LOFAGE), en vigor desde abril, y la Ley del Gobierno o el Estatuto del Constribuyente.

El segundo bloque estuvo dedicado a regular derechos y deberes de la Administración con el ciudadano y viceversa, y del mismo sólo quedan pendientes los polémicos proyectos de Ley de ecretos Oficiales y la ley que regulará los servicios secretos.

Las fuentes consultadas por Servimedia reconocieron que ambos textos están "aparcados" sin fecha y volverán a ser retomados por el Gobierno cuando mejore el clima político. El Ejecutivo prevé esa mejora cuando pase el juicio del 'caso GAL' y se aclaren las implicaciones políticas que conlleva.