Dicha normativa, propuesta por la UE en 2008, contemplaba la eliminación de las barreras para las personas con discapacidad que utilizaran ese medio de transporte, y podría ser aprobada durante la Presidencia Sueca de la Unión Europea, que dará comienzo el próximo 1 de Julio.

Por ello, EDF, junto con las plataformas europeas AGE, que representa a los mayores, BEUC y ANEC que defiende los derechos de los consumidores y la medioambiental EEB, reivindican que el transporte local no quede excluido del alcance de dicha regulación, para garantizar la movilidad de los usuarios con discapacidad, y también de las familias y las personas mayores.

Además añaden que esto no sólo tendría efectos positivos para la movilidad, sino también para la economía regional, y reduciría el uso del transporte privado, lo que beneficiaría al medio ambiente.

EDF subraya que la accesibilidad del transporte es una condición fundamental para que los 65 millones de europeos con discapacidad puedan beneficiarse de una de las cuatro libertades que reconoce la Unión Europea: la libertad de movimientos de sus ciudadanos dentro de sus fronteras.

La accesibilidad también es uno de los derechos reconocidos por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada por la Comunidad Europea y que entró en vigor en 2008.

"Estamos preparados para debatir con los ministros responsables y la industria del transporte los problemas específicos que plantea la propuesta de derechos de los viajeros de autobús, para llegar a una solución satisfactoria para los ciudadanos, las empresas del sector y los gobiernos", ha subrayado Carlotta Besozzi, directora de EDF.