La querella fue presentada ante la Audiencia Nacional contra varios dirigentes de la ilegalizada formación abertzale, a raíz de la reunión y posterior comparecencia ante los medios de comunicación de la autodenominada "Mesa Nacional de Batasuna", el pasado 24 de marzo.

Bajo el lema "el Estado de Derecho no está en tregua", el Foro de Ermua y las Gestoras Cívicas, en una rueda de prensa, presentaron su querella así como su postura ante el alto el fuego de ETA y los acontecimientos de los últimos días.

Buesa criticó al fiscal general y al propio Gobierno al entender que "no se han interesado por otros delitos de Batasuna" y lamentan que, al final, "somos los ciudadanos los que debemos emprender el camino del derecho para que este se imponga".

En concreto, el Foro de Ermua se querella contra Joseba Permach, Ainara Armendáriz y Aurore Martín, máximos dirigentes abertzales presentes en la reunión del 24 de marzo.

La organización cívica les acusa de cometer varios delitos: un delito de desobediencia; otro por quiebra de la medida cautelar, tras su ilegalización; otro delito por reunión ilícita; y el último por integración en banda armada o, de forma subsidiaria, por colaboración con banda armada.

Buesa aseguró que la ilegalizada Batasuna actúa "coordinada con ETA"y recordó que tanto la Unión Europea como Estados Unidos, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional la consideran "una organización terrorista".

El coordinador de las Gestoras Cívicas, Fernando García Capelo, emplazó al Gobierno a dejar claro a la banda terrorista ETA que "no puede suspender el Estado de Derecho, ni el marco político ni la democracia".

PRIMER PAGO POLÍTICO

Buesa consideró que el hecho de que Arnaldo Otegi pueda eludir la prisión preventiva representa "el primer pago de un precio político que el Gobierno le hace a ETA por el alto el fuego"y que es "contrario a los intereses expresados por los ciudadanos".

El presidente del Foro de Ermua criticó "el cambio de criterio del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sobre Otegi", y le aconsejó que, en el desempeño de su labor, "el derecho hay que interpretarlo según criterios jurídicos y no según las circustancias políticas".

Buesa aseguró que pediría la destitución de Conde-Pumpido si no fuese "algo inútil", pero dejo claro que, a su entender, "serviría de mucho" que en el cargo del fiscal general del Estado estuviese alguien "con una orientación jurídica y no política".

Por su lado, García Capelo dijo que su organización está analizando los aspectos de la manifestación convocada para mañana por varios sectores de la izquierda abertzale para saber "si se comete algún delito o si Batasuna está detrás del acto", en cuyo caso presentarían una nueva querella.