Fuentes del Foro informaron a Servimedia de que en los próximos días enviarán un escrito a Interior para preguntar si se cumplió la Ley de Bloqueo y Prevención de la Financiación del Terrorismo en el aval que la Caja Vital concedió hace unas semanas a Díez Usabiaga, secretario general de LAB.

Las fuentes consultadas aseguraron que el fin de la solicitud es aclarar si, como establece esta ley, la caja informó a Interior con carácter previo de que se le había solicitado un aval por parte de una persona incursa en una investigación relacionada con el terrorismo.

En este caso, Díez Usabiaga pidió 100.000 euros, que era la cantidad que el juez Fernando Grande-Marlaska estableció para no enviarle a prisión en el marco de las investigaciones sobre los incidentes violentos de la huelga del pasado 9 de marzo. Con este paro, que impulsaron Batasuna y LAB, los promotores protestaban por la muerte en prisión de dos miembros etarras.

FINANZAS Y TERRORISMO

En este sentido, desde el Foro se destaca que Interior debe informar si se le comunicó este aval de Caja Vital y, si hubiera sido así, aclarar si considera "que financiar a un presunto terrorista en relación a su fianza no es financiar el terrorismo".

A este respecto, este colectivo cívico ya hizo con anterioridad otra solicitud de información similar, en este caso con un aval por valor de 200.000 euros que la Caja Laboral concedió en 2005 a Otegi. Esta operación permitió al portavoz de Batasuna la salida de prisión, donde fue enviado por Grande-Marlaska por la presunta comisión de un delito de integración en ETA.

El aval de la caja Laboral le sirvió a Otegi para reunir los 400.000 euros que había establecido en total como fianza para abandonar la cárcel. La entidad bancaria argumentó entonces que autorizó esta operación siguiendo "criterios estrictamente profesionales y de buenas prácticas bancarias".

Por otra parte, el requerimiento del Foro a Interior para que explique el aval de Caja Vital a Díez Usabiaga se produce en un momento en el que el propio Otegi, así como los también dirigentes de Batasuna Juan María Olano y Juan José Petrikorena, buscan como reunir en total 650.000 euros para salir de prisión.

En concreto, Otegi debe depositar 250.000 euros, mientras que Olano y Petrikorena debe presentar cada uno 200.000. En los tres casos se trata de fianzas relacionadas con la investigación de los hechos violentos de la huelga del 9 de marzo.