El presidente del Foro, Mikel Buesa, dijo a Servimedia que es "evidente" que estas ayudas entran dentro del ámbito de actuación de la Comisión para la Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Buesa aseguró que esta ley se refiere a que puede entenderse como dinero destinado a la actividad de organizaciones como la banda etarra el que se da a "cualquier persona que sea terrorista, que sea sospechosa de terrorismo o que esté relacionada con algún terrorista".

El responsable del Foro se refería así a las informaciones que apuntan que Azkárraga quiere conceder de nuevo ayudas a las familias de reclusos de ETA, a pesar de que una sentencia de 2005 de la Justicia vasca anuló una asignación de este tipo. Al parecer, ahora las subvenciones se quieren incluir dentro de la partida de asistencia social.

A este respecto, Buesa añadió que percibe un intento de "fraude" por parte del consejero de Justicia, ya que el fallo judicial de hace un año anuló la asignación a los familiares de presos etarras porque el Gobierno vasco se amparó en competencias penitenciarias que no tiene.

En todo caso, indicó que el Foro no descarta pedir al Ministerio del Interior que investigue si estas ayudas pueden ser anuladas aplicando la legislación contra la financiación del terrorismo.

A este respecto, destacó que estas subvenciones al entorno de los presos etarras han venido acabando en parte en las llamadas Gestoras Pro Amnistía, que es un colectivo del entorno de la banda criminal que agrupa a los familiares de los terroristas.