En su declaración ante la Audiencia Nacional, Sam señaló que el general Navarro "insistió en llevarse los cadáveres, incluso sin identificar" porque, según dijo al equipo turco, "tenían que llegar a tiempo para el funeral de Estado que se iba a celebrar en España". Según este forense turco, Navarro prometió acabar con las identificaciones en España.

Así lo aseguró este médico turco durante su declaración en el juicio que la Sección Primera de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en las identificaciones de 30 de las 62 víctimas españolas delYak-42, el avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 en la que fue la mayor tragedia de las fuerzas armadas españolas en tiempos de paz.

La declaración de Sam, junto a la del también forense turco Omer Müslümanoglu, cuyo viaje hasta Madrid fue sufragado por los familiares de las víctimas, fue admitida por el tribunal después de que las autoridades turcas se negaran a que los tres forenses turcos cuya comparecencia estaba prevista declararan en la vista. Además, los familiares también aportaron una intérprete de turco que fue admitida por el tribunal.

En su comparecencia, Sam fue más allá y aseguró que el acta de entrega de cádaveres realizada por las autoridades turcas, en la que se alertaba de que 30 de las 62 víctimas estaban sin identificar, fue elaborada "conjuntamente" con el propio Navarro e incluso con el teniente general José Antonio Beltrán Doña, comisionado por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, como jefe de la delegación española.

El general Navarro, durante su declaración ante el tribunal en el primer día de juicio, llegó a asegurar que firmó el acta de entrega de cadáveres porque estaba redactada en turco y no la entendía.

Ante la insistencia de la delegación española en llevarse los cadáveres sin identificar para llegar a tiempo el funeral de Estado, los forenses turcos insistieron en que se tendrían que realizar pruebas de ADN con las 30 víctimas que estaban todavía sin filiación.

Sam aseguró que frente a este requirimiento, el general Navarro "prometió que acabaría el trabajo de identificación en España" y, acto seguido, firmó el acta de entrega de cadáveres.

El fiscal encargado del juicio, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los tres militares están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.