Zaplana mantuvo esta tarde un encuentro de poc más de una hora de duración con los secretarios generales de CCOO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, José María Cuevas y Jesús Bárcenas.

Tras el mismo, sólo el ministro atendió a los medios de comunicación para afirmar que ha logrado un "principio razonable de acuerdo", ya que tanto CEOE como Cepyme apoyan "íntegramente el modelo".

Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con los sindicatos. Zaplana trató de explicar esas diferencias afirmando que de habe sido CCOO y UGT quienes hubieran decidido el nuevo modelo no habrían elegido el que ahora está encima de la mesa.

Pero, una vez que el Gobierno decidió que el peso de la formación continua recayera en las empresas, desgravándose los gastos que les ocasionara la formación de las cuotas sociales, los sindicatos se han mostrado "satisfechos", según Zaplana, con la respuesta que ha dado el ministerio a sus pretensiones.

El ministro remitirá el texto del nuevo modelo la próxima semana al Consejo Econmico y Social (CES) y al Consejo de Estado para, una vez recibido su dictamen, llevar el texto legislativo al Consejo de Ministros, posiblemente del 1 de agosto.

La aprobación del nuevo modelo de formación continua nace tras la denuncia de las instituciones europeas del fraude en el sistema y tras dos sentencias del Tribunal Constitucional ante recursos de Cataluña y Galicia instando a la participación de las regiones en el sistema.

Zaplana reconoció que tampoco ha habido aproximación con Cataluñ sobre el modelo de formación y señaló que "no es conveniente", como demanda la Generalitat, "trocear" el sistema vigente en 17 para implantarlo en cada comunidad autónoma.

"No sería bueno para nadie, ni para la competitividad de las empresas", explicó el ministro, para quien el nuevo modelo es mejor "desde el punto de vista de la transparencia, la eficacia", da cobertura a más trabajadores y más pequeñas y medianas empresas, mejorará la competitividad y será más ágil.

Con el fin de respetar la sntencia del Constitucional y mantener algún papel para los agentes sociales, se preservará la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), a la que se incorporarán representantes de los gobiernos autonómicos.

La FORCEM tendrá la función de definir, fiscalizar, controlar y estudiar cuáles deben ser los cauces de la formación continua que realicen y decidan, eso sí, las empresas.