El citado fraude, que ascendería a 84 millones de euros, "estaría directamente relacionado con las empresas que imparten la formación y no con los agentes sociales", defiende UGT, después de que la Guardia Civil asegurara ayer que la gestión de esos cursos correspondía a las federaciones estatales de los sindicatos.

UGT incide en que estas noticias sobre supuestos fraudes "an sólo serían situaciones puntuales de mala gestión". El sindicato de Cándido Méndez insiste en que es "el primer interesado en aclarar estas presuntas irregularidades y en que se mejore la transparencia y eficacia de los mecanismos de control".

En opinión del sindicato, "este tipo de actuaciones sólo están sirviendo para mermar la credibilidad del actual sistema de formación continua, que tanto viene beneficiando a los trabajadores de este país".

Asimismo, para UGT, estos hechos "enturbian los rocesos de diálogo abiertos con el Ministerio de Trabajo para aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se alcance un equilibrio entre la distribución territorial que establecen aquellas sentencias y la participación de los agentes sociales en la gestión y control de la eficacia de estos fondos".