La citada sentencia estima "parcialmente" el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia al Acuerdo Nacional sobre Formación Continua de 1995.

En el recurso, la Xunta consideraba que era de su competencia la gestión de las acciones formativas de los trabajadores cupados. El Gobierno decidió que los fondos para la formación continua serían gestionados por empresarios y sindicatos, "vulnerando la competencia autonómica" en materia laboral.

La Xunta considera que el Estado debe dar a cada comunidad autónoma los fondos para la formación continua que le correspondan en función de criterios objetivos, como el número de activos ocupados.

La Sentencia del TC también afirma que vulnera las competencias autonómicas la decisión de la Comisión Tripartita de Seguimieto del Acuerdo de Formación Continua, integrada por Gobierno y agentes sociales, de fijar los fondos que van a cada región.

La transferencia de la gestión de la formación continua a Galicia, que se debe producir en aplicación de la sentencia, permitirá, según la Xunta, "articular de modo coherente el sistema de cualificaciones y formación profesional".