La organización, que dice no compartir el criterio del tribunal sobre falta de rigor en la justificación y utilización de los fondos, recuerda ue no se han cuantificado los casos en los que se han dado estas circunstancias, ni se ponen en relación con el total de beneficiarios.

"No puede elevarse a categoría general determinados casos muy individualizados. Forcem ha justificado puntualmente ante la Administración todos los movimientos contables", dice la fundación. Recuerda, además, que tanto la Inspección Tributaria como la Intervención del Estado y los auditores externos han dado por buena la gestión de fondos realizada en los años 1993-95

Afirma que el Tribunal de Cuentas no ha encontrado irregularidades en el manejo de fondos, sino que plantea "diferencias de criterio" con algunos aspectos del modelo de gestión y financiación de la formación continua.

La fundación asegura que ha seguido, en todos los años fiscalizados, la normativa del Plan General Contable en sus operaciones, bajo el control de la Intervención del Estado. Subraya que, por otra parte, la asistencia a los cursos formativos y su control son responsabilidad de la etidad beneficiaria que los imparte.

De esta manera, el tribunal hace unas recomendaciones dirigidas a Forcem, al Inem y al Gobierno que, según esta versión, se han asumido progresivamente con antelación a la advertencia que ahora se realiza.

Forcem aclara que, en ningún caso, se reclama reintegro alguno a la fundación. El tribunal facilita una cifra de 21.234 millones de pesetas que en realidad se refiere a fondos no utilizados, según esta interpretación.

De ellos, 6.010 millones fueron ingrsados por el Inem y no se pudieron utilizar, mientras que los 15.224 millones restantes se corresponden a la diferencia entre las previsiones iniciales y la formación finalmente ejecutada por los beneficiarios.

Esos 15.224 millones se aplicaron a ayudas a la formación, concepto en el que se incluyeron subvenciones a los contratos de aprendizaje realizados en 1996, 1997 y 1998, siempre contando con la autorización del Ministerio de Trabajo.

En cuanto a los 8.397 millones de pesetas detectados y corespondientes al Fondo Social Europeo, la fundación aclara que fueron recibidos directamente por el Inem y puntualiza que todos los remanentes del primer ciclo formativo que no fueron utilizados fueron reintegrados al instituto dentro de los plazos y procedimientos establecidos.

Finalmente, en cuanto a las observaciones del tribunal sobre la necesidad de comprobar que los trabajadores beneficiarios de los cursos estén dados de alta en la Seguridad Social, Forcem señala que se aplica un sistema de contol por muestreo y que sólo se hacen verificaciones en los casos de comprobaciones de planes de formación concretos.

Subraya que estas actuaciones no se pueden realizar de forma generalizada, puesto que no resultaría operativo ni existe normativa legal que imponga este extremo.