Dicho modelo acabaría con el sistema actual de la FORCEM, fundación en la que participan el Gobierno, CEE-Cepyme, CCOO y UGT, y daría todo el poder de la formación continua a las empresas que se deducirían los gastos en esta materia en las cuotas sociales.

Para el portavoz socialista de Empleo, Ramón Jáuregui, el nuevo sistema "abre la puerta al fraude generalizado". Abogó por llevar el modelo tripartito a las comunidades autónomas y dejar la FORCEM actual para las empresas con implantación nacional.

Jáuregui dijo a Servimedia que comparte la necesidad de reformar la formación continua, pero reclam al Gobierno que lo haga desde el consenso con comunidades autónomas y agentes sociales, y así contará con el apoyo del PSOE en su tramitación parlamentaria.

El portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, afirmó que el nuevo sistema supone un "retroceso" y advirtió que su formación lo llevará al Tribunal Constitucional, como hizo con el anterior, y pedirá que se suspenda cautelarmente su puesta en marcha.

Campuzano aseguró a Servimedia que este modelo es "antiautonómico" y no da prticipación a las comunidades autónomas, y es "ineficaz" para dar formación a los trabajadores.

Mientras, Comisiones Obreras y UGT volvieron a reclamar al Gobierno el seguir participando en la gestión de la formación continua que reciben los trabajadores y que atienda la propuesta de modificación de la FORCEM que le hicieron llegar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ambas centrales.

Fuentes sindicales consultadas por Servimedia rechazan la intención del Gobierno de que sean las empresas as que tengan todo el poder sobre la formación continua de sus empleados.