El Gobierno entiende, de acuerdo con la competencia estatal en materia laboral y la doctrina constitucional, que el texto del Real Decreto que regulará la formación continua a partir del 1 de enero es respetuoso con el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y que no meoscaba las competencias ejecutivas de estas últimas.

El nuevo sistema de formación continua nació tras sendas sentencias del Tribunal Constitucional ante recursos de los gobiernos gallego y catalán que denunciaban la limitación de competencias autonómicas del anterior sistema.

El Gobierno catalán había anunciado que si el Gobierno no estimaba este requerimiento de incompetencia, interpondría un recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal.