El Ejecutivo andaluz ha acordado autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta para plantear el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional en el supuesto de que no se atienda este requerimiento.

Según el Gobierno que preside Manuel Chaves, el nuevo sistema de formación rompe el reparto de atribuciones establecido entre la Administración central y las comunidades autónomas en materia de formción profesional continua, dado que entra a regular aspectos relacionados con competencias de ejecución reservadas al ámbito autonómico.

El Gobierno andaluz incide en que el artículo 1 del Real Decreto incluye como objeto de regulación "la estructura organizativa y de participación , formulación genérica que puede dar pie a limitar las funciones ejecutivas de la comunidad autónoma. En su opinión, también invade las competencias el artículo 5, que remite al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la dterminación de los colectivos prioritarios para recibir formación.

Según el Consejo de Gobierno de Andalucía, y de acuerdo con el reparto competencial establecido por la Constitución y el Estatuto, el Estado debe limitarse a fijar los criterios generales de selección y no entrar en su aplicación concreta.