Este modelo nace tras la sentencia del Tribunal Constitucional, ante recursos de Galicia y Cataluña, que instaban a que las comunidades autónomas pariciparan en la gestión de la formación continua. Ahora la formación queda en manos de las empresas, que se deducirán los gastos de formación de las cuotas de la Seguridad Social, según avanzó hoy "El Mundo".

Campuzano dijo a Servimedia que CiU ya advirtió al Gobierno que este modelo, que será aprobado este mismo mes, "iba contra la sentencia del Tribunal Constitucional" al impedir la participación de las comunidades autónomas en el modelo. Los nacionalistas catalanes reclamaron la creación de un FORCE regional.

Con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Alto Tribunal, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha ideado la creación de un Consejo Estatal de Formación Continua en el que tengan cabida las comunidades autónomas, algo insuficiente para CiU.

Por ello, "previsiblemente" la Generalitat de Catalunya recurrirá al Constitucional este modelo y, además, pedirá la suspensión cautelar de su aplicación, según explicó Campuzano.

El diputado de CiU anunció, asimismo, que su grupo a a pedir la comparecencia "urgente" del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, ante la Diputación Permanente del Congreso, para que explique el nuevo modelo de formación continua.

A juicio del portavoz de Empleo de CiU, es un sistema "antiautonómico" que, además, es "ineficaz" para dar formación a los trabajadores de las pymes y a los autónomos. "Va a suponer un retroceso en el sistema de formación", sentenció Campuzano.