Además, el proyecto de ley contempla la creación de un registro especial de patrimonio para los ministros y altos cargos que dispongan d fondos reservados. Esta documentación quedará custodiada por el presidente del Congreso y sólo tendrán acceso a ella los seis miembros de la comisión parlamentaria de Secretos Oficiales.

Por primera vez en la legislación española quedará regulado el control de esas cantidades que correrá a cargo de la comisión de Secretos Oficiales del Congreso, formada por seis diputados representantes de todos los grupos de la Cámara.

Los responsables de Interior, Justicia, Defensa y Exteriores tendrán la obliación de comparecer anualmente ante la comision de parlamentaria, probablemente con ocasión de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

La Comisión de Secretos Oficiales será el órgano que deberá aprobar cualquier ampliación de los créditos destinados a gastos reservados.

Además, el interventor general del Estado llevará el registro interno de esas cantidades y los ministros de las cuatro áreas que administran su uso estarán obligados a informar personalmente una vez al año al prsidente del Gobierno.

Con este proyecto de ley el Gobierno "cumple con un compromiso del presidente del Gobierno adquirido en el Debate sobre el Estado de la Nación para extender los mecanismos de control sobre esos gastos".

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, puntualizó que las leyes no tienen caracter retroactivo y por lo tanto el control de los fondos resersvados que se gastaron antes de su aprobación no puede ser revisados.

Según dijo, el Gobierno no ha iniciado ningua investigación sobre el uso pasado de los fondos reservados y destacó que la ley destina estas cantidades a "la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo y contra el narcotráfico, que es a lo que se debe dedicar".