La denuncia, presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de algunos de los querellados, también se etiende al responsable de la Policía, Carlos Conde Duque; al delegado del Gobierno en el País Vasco, José Antonio Aguiriano, y al gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega, hasta un total de 28 altos cargos.

En el escrito, basado en las informaciones periodísticas difundidas sobre los fondos reservados, la asociación señala que durante su mandato como ministro del Interior, Corcuera "regularizó" en 1990 el sistema de dar gratificaciones con cargo a los fondos reservados, tras la negativa del Ministerio e Hacienda a aumentar el sueldo a los altos cargos.

Agrega que esta práctica, realizada mediante la entrega de dinero negro en sobres, "se convirtió en la realidad en un complemento estable, a modo de una segunda nómina".

Según los querellantes, no sólo han recibido un sobresueldo los 28 altos cargos querellados, sino también "todo funcionario" destinado a la Secretaría de Estado para la Seguridad, que dirigía Rafael Vera, quien, según la querella, asumió el control absoluto de ese dinero al acceer al puesto, al igual que hizo Roldán durante los siete años que estuvo al frente de la Benemérita.

Esta práctica, agrega la querella, también estaba extendida en la época de Barrionuevo como ministro del Interior y precisa que los "sobres" de la policía eran muy superiores a los de la Benemérita.

En la querella también se acusa a Narcis Serra de dedicar parte de los fondos reservados de que disponía cuando era ministro de Defensa para el pago de sobresueldos a algunos funcionarios del Centro Suerior de Información de la Defensa (Cesid).

El escrito concluye diciendo que los fondos secretos del Ministerio del Interior "son reservados pero no privados para repartirlos al antojo y en beneficio particular de quienes los gestionan" y agrega que, además, quienes han recibido los sobresueldos han dejado de pagar a Hacienda cantidades superiores a 5 millones de pesetas, lo que constituye un delito fiscal.

La asociación pide como prueba, además de la declaración de los querellados, la comparecenia como testigos del ministro del Interior, Antoni Asunción; de Baltasar Garzón, del diputado Ventura Pérez Mariño; del responsable de la Benemérita, Ferran Cardenal, y de los periodistas que desvelaron este asunto.