La normativa establece que los gastos reservados estarán sometidos a un control administrativo interno que respete el principio del secreto de estos fondos y garantice su utilización para "las finalidades específicas para las que fueron aprobados".

En todo momento, la ley tenderá a garantizar la seguridad de ls actuaciones policiales y a preservar la identidad de las personas que participen en ellas.

Los créditos destinados a gastos reservados se fijarán de forma específica para cada ejercicio económico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y cualquier modificación de su cuantía tendrá que ser aprobada por las Cortes Generales.

Contarán con fondos reservados los ministerios de Defensa, Justicia e Interior y Asuntos Exteriores, cuyos titulares deberán informar periódicamente al presidente del obierno sobre su utilización.