En su declaración como testigo y perito en el juicio del "caso fondos reservados", Gómez, ingeniero agrónomo, explicó que cuando se desplazó a la finca "El Relumbrar" para hacer la valoración que se le había requerido, en 1991, preguntó al encargado por el propietario que, según las escrituras, es Enrique Esquiva, suegro de Vera.

"El me respondió que no le conocía. Me puse a decirle que es un señor que vive en tal sitio, leyendo textualmente la escritura. El hombre me dijo, muy cándidamente, queno sabía si ése es el suegro de Don Rafael Vera, pero que la finca era de Rafael Vera", relató el perito.

Sobre el encargado, Gómez sólo pudo recordar que era un hombre de campo, de avanzada edad y que tenía un "nombre vulgar". Al respecto de la finca, de 600 hectáreas, el perito aportó a la causa dos valoraciones. Una de ellas, realizada en 1986, fija el valor de la propiedad en algo más de 50 millones de pesetas; la otra, en 1989, lo tasa en 81 millones.

Esta notable diferencia suscitó el inters del abogado defensor de Vera, Manuel Cobo del Rosal, que preguntó a qué se debían esos 30 millones de pesetas de diferencia entre una valoración y otra. Gómez respondió que el motivo fue la construcción de unas edificaciones valoradas en algo mñas de 20 millones de pesetas.

LA BERZOSILLA

También acudieron a declarar los tres peritos encargados de establecer el valor de la finca de Torrelodones (Madrid), en la que en la actualidad vive la familia de Vera, aunque también pertenece a Enrique Esquiva.En este caso se produjeron grandes diferencias entre las cifras estimadas por unos y por otros.

La perito enviada por el juzgado presentó un informe en el que fijaba el precio de la finca en 1986 en 81 millones de pesetas, cifra que fue tildada de "excesiva" por parte de los otros dos declarantes. Para la perito designada por la defensa de Vera, en ese mismo año, "La Berzosilla" tenía un valor de 27 millones de pesetas.

Para el tercero, en 1997, la citada finca tenía un valor de 70 millones de peetas, por lo que calculó que 11 años antes su precio de mercado estaría "en torno a los 30 millones de pesetas".

INTERPRETACION JURIDICA

Por otra parte, las defensas de Vera y Corcuera llamaron a declarar a José Aparicio y Pedro Martínez, quienes, entre 1994 y 1996, coincidieron en la Secretaría Tecnica de la Fiscalía General del Estado. Este departamento elaboró, en marzo de 1994, dos informes acerca de la Ley de Secretos Oficiales en materia de fondos reservados.

Ambos abogados defensores traaron de dar a estos documentos carácter oficial. Sin embargo, repondiendo a preguntas del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, Martínez reconoció que no son documentos vinculantes para el fiscal. "El único valor" de estos informes "es el que cada uno le quiera dar. Es un problema de interpretación jurídica", concluyó.