Esto se debe a que la titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, María Jesús Coronado, en quien recayó la instrucción de la denuncia de acuerdo con las normas de reparto de los juzgados de Plaza de Castilla, la ha remitido al juzgado de instrucción número 20, cuya titular, Guadalupe de Jesús, todavía no se ha pronunciado sobre su admisión.

La remisión de la denuncia de un juzgado a otro se debe a que la magistradaCoronado considera que la tramitación de la misma debería ser competencia de la jueza De Jesús, dado que su juzgado ya instruyó en su día otra causa relativa a fondos reservados.

Estos incidentes han provocado un parón en la tramitación de la denuncia, sobre la que por el momento no se ha practicado ninguna diligencia ni se ha decidido sobre su admisión, a pesar de que fue asignada al juzgado número 43 el pasado día 20 de diciembre, después de que el Tribunal Supremo acordase que era competencia de lajusticia ordinaria.

Las fuentes consultadas señalaron que la jueza De Jesús ha dado traslado a la Fiscalía para que emita un informe sobre la competencia del juzgado para tramitarla. Sin embargo, la fiscalía no tiene previsto pronunciarse al respecto dado que considera que se trata de una cuestión de reparto y, por tanto, debe resolverla el órgano de Gobierno de los juzgados, es decir, el decanato.

A juicio de las citadas fuentes, de este modo, los juzgados se están "pasando la pelota" de uno a oro, maniobra que, según consideran, inició el Tribunal Supremo cuando acordó remitir la denuncia a Plaza de Castilla, eludiendo así tener que pronuciarse sobre este asunto.

La denuncia del PP fue presentada por el diputado Federico Trillo el pasado 19 de octubre del pasado año ante el fiscal general del Estado, Carlos Granados, al que instó a la apertura de una investigación sobre el uso presuntamente ilegal de los fondos reservados para el pago de sobresueldos.

Sin embargo, Granados acordó el 8 e noviembre remitir la denuncia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por entender que dado que el PP aludía como presuntos responsables de esos hechos a los titulares del Ministerio del Interior de aquella época, algunos de los cuales son actualmente diputados, si se detectase la existencia de indicios de criminalidad contra ellos, la petición del correspondiente suplicatorio correspondería exclusivamente a ese tribunal.

Posteriormente, en una resolución del 5 de diciembre, el Alto Tribunal decidióenviar la denuncia a los juzgados ordinarios por si los hechos denunciados pudieran constituir un delito de malversación de caudales públicos. Por ello, la investigación de los mismos y la posible participación en ellos de responsables políticos y funcionarios de Interior debe ser hecha por un juzgado ordinario, sin perjuicio de que fueran remitidas las actuaciones a la Sala Segunda en el caso de que aparecieran indicios de responsabilidad de personas aforadas.