En su comparecencia en calidad de testigo, y posteriormente en declaraciones a un grupo de periodistas, García Damborenea afirmó que ni recibió ni administró fondos reservados mientras ocupó la responsabilidad política en Vizcaya.

Respecto a la aparición de su nombre en una cuenta bancaria particular cuyo titular era Julián Sancristóbal, indicó que tenía que ver con un crédito solicitado por él en cuyo proceso de negociación intervino el ex director general de la Seguriad del Estado en calidad de avalista.

El ex secretario general de los socialistas vizcaínos y uno de los procesados en el 'caso GAL' por su participación reconocida en el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, explicó que nunca recibió dinero de la citada cuenta, "sino que fue un crédito por valor de seis millones de pesetas que me facilitó un amigo (Sancristóbal), nada más".

Asimismo, relató que dicho crédito fue liquidado en su momento porque el objetivo del mismo era la adquisición de na vivienda que después no llegó a comprarse, por lo que el dinero le fue devuelto íntegramente a Sancristóbal.

Preguntado por si sabía cuál era el funcionamiento de los fondos reservados del Ministerio de Interior, aseguró: "No, porque hasta ahí yo no he llegado".

El ex dirigente socialista, a pesar de que nunca fue gobernador civil ni delegado del Gobierno, figuraba en la lista de los testigos que la magistrada acordó citar a mediados de este mes, formada principalmente por todas las personas qe ocuparon dichos cargos en Madrid, Barcelona, Navarra y Euskadi desde 1983 hasta el final del periodo investigado y que, según declaraciones que obran en la causa, pudieron haber cobrado sobresueldos con cargo a los fondos reservados.

Diversas informaciones difundidas señalaban el presunto cobro por su parte de un sobresueldo de unas 50.000 pesetas mensuales procedentes de una cuenta a nombre del ex director de la Seguridad Julián Sancristóbal con fondos reservados del Ministerio del Interior.

Hsta la fecha están imputados en el caso el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y Julián Sancristóbal, a quien la anterior titular del juzgado imputó en un auto dictado el pasado 25 de octubre un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La magistrada estimó que estaba acreditado que Corcuera compró con cargo a los fondos reservados de Interior joyas para las esposas de altos cargos de ese departamento y consideró asimismo qu habían sido pagados sobresueldos y otros conceptos con cargo a dicha partida.

La investigación sobre el supuesto uso irregular de los fondos reservados se inició tras la interposición de una denuncia por parte del PP ante el fiscal general del Estado, Carlos Granados.