"No sé que decisiones adoptrá finalmente la señora juez pero estoy a su disposición. Yo ya he reconocido que esa imputación es cierta y no tengo nada más que decir", aseguró el ex responsable de Interior.

La juez Coronado le imputa a Corcuera, a Vera y a Sancristobal un presunto delito de malversación de caudales públicos. En concreto considera probado que el ex ministro compró joyas por valor de 6 millones de pesetas para obsequiar a las esposas de los altos cargos de Interior durante su mandato con cargo a los fondos reservads.

El ex ministro no ha recibido nontificación alguna del juzgado número 43 de madrid para comparecer a declarar cosa que la juez no le ha solicitado ni en el momento de dictar el auto el pasado 25 de octubre ni en el momento de la confirmación del mismo.

Corcuera ya reconoció públicamente que había realizado esas compras asegunrando que es responsable "políticamente de lo que he hecho durante mi período, yo no tiro ningún balón fuera".

El abogado del ex ministro, Leopoldo Torres, recurrió e auto en el que se le imputaba el citado delito de malversación de caudales públicos el pasado día 30 por entender que no existía legislación precisa que deteminara en ese moemnto cuales eran los fines a los que debían ir destinados los fondos reservados.

A la vista de la confirmación del auto por parte de la jueza el antiguo responsable de Interior no piensa emprender de momento ninguna acción legal. La ley le permite que presente una apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial peroaúnno ha tomado ninguna decisión en ese sentido.

La magistrada, que inició la investigación de uso irregular de los fondos reservados tras la presentación de una denuncia por parte del PP, señala que hasta el momento sólo ha quedado acreditada la disposición irregular de Corcuera de fondos reservados en lo referido a la compra de joyas y no en lo referido a otros usos irregulares.

En este sentido, recuerda la declaración prestada por el joyero José Miguel Vargas quien aseguró que Corcuera realizópagos en metálico durante 1990, 1991 y 1992 para "la compra de joyas destinadas a regalos a las esposas de los altos cargos del Ministerio del Interior, compras que no han sido intervenidas a través de expediente administrativo alguno".

La magistrada señala en el auto que la "falta de diseño de los sistemas de justificación y control" sobre los fondos reservados "ha podido contribuir en el pasado a hacerlos especialmente sensibles a usos supuestamente irregulares" y agrega que la instrucción practicad hasta el momento "viene evidenciando que determinados extremos de la denuncia son ciertos".

Así, indica que durante los años 1983 a 1994 "se sufragaron los gastos de asistencia técnica jurídica a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con cargo a los gastos reservados". Argumenta que eso se deduce de las declaraciones de varios letrados de pendientes del Gabinete de Asuntos Legales dependiente primero de la Dirección de la Seguridad del Estado y posteriormente de la Secretaría e Estado para la Seguridad.