Ruiz Oriol explicó que han optado por el expediente de extinción del total de la plantilla porque es la "única salida posible", al no prosperar los intentos que han venido realizándose desde hace varios meses para vender la entidad o parte de sus sucursales.

Recordó que la Ley de Sociedades Anónimas faculta para liquidar las empresas que acumulen en un ejercicio pérdidas superiores a la mitad del capital social y afirmó que, en 1990, el BCC tuvo unos "númerosrojos" de 2.600 millones de pesetas, sólo 400 millones menos que su capital. Añadió que la liquidación también está justificada legalmente cuando se produce la pérdida del objetivo social de la entidad.

Aseguró que, según el balance del banco, "parece que la entidad se puede liquidar sin que nadie pierda y con unas indemnizaciones para los trabajadores superiores a las establecidas legalmente".

Precisó, no obstante, que "esto puede no ser admitido por el juez o impugnado por los depositantes, ya ue si pierden el cobrar el cien por cien, tratarán de defenderse y dirán que los trabajadores cobren lo que legalmente les corresponda".

"Hay que esperar al resultado de la liquidación, porque estamos ante una entidad que tiene colocados sus activos principalmente en créditos y los créditos no dan plusvalías. Pueden ocurrir dos cosas, que los créditos se cobren o que no se cobren y den pérdidas", agregó.

Ruiz Oriol aseguró que ha cumplido sus compromisos con los sindicatos, al intentar encontrar n comprador que garantizase el mantenimiento de los puetos de trabajo, y añadió que la decisión sobre el futuro del empleo de la entidad corresponde ahora al Ministerio de Trabajo.

En su opinión, "los sindicatos quieren que cojamos la pancarta y nos vayamos a chillar frente al Ministerio de Economía y ante el Banco de España. Quieren que hagamos gestiones con unas autoridades políticas que no son las que, a nuestro juicio, legalmente corresponden".

Ruiz Oriol explicó que la liquidación está ahorapendiente de la junta de acreedores que se celebrará una vez que los interventores judiciales presenten el balance de la entidad al juez encargado del caso.

La junta de acreedores, indicó Ruiz Oriol, se efectuará por correo, ya que así lo permite la legislación en materia de suspensiónd de pagos, al ser más de 200 los acreedores.

HUELGA DE HAMBRE

Por su parte, fuentes del comité de empresa consultadas por esta agencia criticaron duramente la decisión del FGD de presentar un expediente de extincón de toda la plantilla y acusaron a Oriol de haber pasado del compromiso de mantener el empleo a "la destrucción masiva y sistemática de los puestos de trabajo".

Acusaron de "corrupción y soberbia" al órgano gestor. Según el comité de empresa, el BCC está saneado y se cierra simplemente por una medida política. "Dicen que lo cierran por su mala gestión y en beneficio de los trabajadores y depositantes y son los empleados los más perjudicados", añadieron.

Los responsables del comité de empresa asguraron que, si prospera el expediente endurecerán las acciones de protesta, entre las que no descartaron la realización de una huelga de hambre.