Así consta en la convocatoria hecha pública hoy por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Las organizaciones sociales dedicadas a mejorar la calidad de vida de este colectivo podrán presentar sus proyectos, con el objetivo de obtener una financiación de los mismos. No obstante, la financiación no podrá exceder, en ningún caso, el 75% del coste total del proyecto presentado.

La convocatoria tendrá en cuenta, "de manera especial", la situación de las personas más vulnerables, como es el caso de los discapacitados, personas mayores, mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores y aquellas personas que hayan sufrido torturas, violaciones u otras formas de violencia.

Los beneficiarios de estas subvenciones podrán ser las administraciones públicas, sindicatos, asociaciones empresariales, ONG, y los centros de enseñanza e investigación.