En la carta, cuyo contenido ha sido difundido hoy por el Ministerio de Fomento, Blanco recuerda a Imbroda que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla incluyó un acuerdo para enajenar la parcela, pero "en la propuesta no se ha respetado el proedimiento para la enajenación de bienes patrimoniales, que exige la autorización del Ente Público Puertos del Estado".

"La propuesta de enajenación no respetaba el precio mínimo autorizado por el Consejo Rector de Puertos del Estado en el año 1996. Asimismo, la citada propuesta introducía un derecho de adquisición en favor del presidente y del director sobre dos viviendas situadas en dicha parcela, y ocupadas por los citados por razón del cargo que desempeñan".

Blanco apunta que con esta actuació, el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de Melilla han perdido la confianza del Ministerio, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidad que pudieran derivarse para ellos por estos hechos.