Según consta en la orden ministerial, "se autoriza un aumento medio del 2,0% de la tarifa de los servicios públicos regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera".

Para aquellas concesiones que ya habían determinado sus tarifas en base a sus costes, la nueva orden permite que renueven las mismas, siempre que la subida acumulada no sponga más del 2,3%.

Este real decreto afecta a unas 3.000 concesiones de autobuses de línea, si bien más de 2.800 son ya gestionadas por las comunidades autónomas.

Dado que las líneas de larga distancia son las que dependen directamente del Ejecutivo central, está asegurado que su coste para los viajeros no se incrementará más allá del 2,3%, mientras que puede haber subidas superiores en desplazamientos más cortos, cuyas concesiones dependen de las autonomías.