Arias Salgado quiso acabar con la polémica sobre la decisión política del nuevo Gobierno de variar el calendario de apertura del mercado español de las telecomunicaciones, fijado para 1998 por el Ejecutivo anterior, diciendo que "utilizaremos el período hasta el año 2003", es decir, incuidala prórroga otorgada por Bruselas.

Lamentó la obsesión de los operadores por las fechas de la liberalización, y dijo que "es innecesario fijar una fecha. El derecho comunitario nos otorga un periodo de protección y vamos a utilizarlo, aunque probablemente no sea necesario agotarlo".

Tras un encuentro con el consejero catalán de Industria, Antoni Subirá, Arias Salgado precisó que el Ejecutivo no desea demorar más unas medidas para el sector que son claves en el desarrollo de la economía y la mejor de la competitividad.

Según ha podido saber Servimedia, dichas medidas vienen siendo demandadas con presiones tanto desde grupos económicos con intereses en el sector, como desde los socios catalanes del Gobierno y del propio PP, cuyos responsables de telecomunicaciones encuentran ya los plazos excesivamente apurados para proyectos como el 'segundo operador'.

El ministro no quiso concretar el alcance de las medidas que recogerá el decreto ley que enviará al Consejo de Ministros, pero sí precisó ue existe total coincidencia con CiU tanto en los objetivos políticos para el sector, como en el método a seguir para alcanzarlo.

CABLE

En el encuentro, Subirá entregó al responsable de Fomento dos documentos con las propuestas de la Generalitat para modificar la LOT y la Ley de Cable, e insistió en que junto al desarrollo del 'segundo operador' "es urgente la convocatoria de concursos" para la adjudicar las futuras licencias de cable.

Los socios catalanes del Gobierno entienden que las licencis de cable y el segundo operador deben ser complementarias, y por ello platean para el primero la obligación de crear una red de telecomunicaciones troncal que cubra la totalidad de la geografía española; porque "tan sólo esta exigencia justifica que disfrute del privilegio" de dar servicios de "telefonía básica interurbana e internacional antes de la total liberalización".

CiU ha propuesto también al Gobierno que los operadores de cable tengan ya, en la propia convocatoria del concurso, unas condicioes que justifiquen las fuertes inversiones que tendrán que hacer, para lo que se les debería autorizar a dar servivcios de telefonía básica desde el 1 de enero de 1998, y eliminar la discrecionalidad de la prórroga a partir de los 15 años.

El equipo de Jordi Pujol da un paso más al establecer su criterio de lo que deberá ser el servicio universal, es decir, aquel que los operadores deberán garantizar a todos los ciudadanos pese a las condiciones de competencia.

Estos servicios son la telefónia báica de voz, el fax, la transmisión de datos, el acceso a teléfonos de emergencia gratuitos y el servicio de guía de abonados.

Igualmente apuesta por la creación de un Tribunal Administrativo de las Telecomunicaciones y plantea un periodo transitorio, hasta el 1 de enero 1999, en el que se limitará la competencia en telefonía básica, móvil y señales audiovisuales a través del cable.

Para CiU, la administración y los operadores deberán aprovechar para crear una red nacional alternativa a Telefónicaque cubra todo el país, "y no sólo las zonas metropolitanas" que tienen mayor rentabilidad asegurada.