En el turno de réplica de su comparecencia en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, Álvarez aseguró que su departamento velará porque la compañía haga frente a sus obligaciones con los pasajeros y que el dinero de las sanciones que se le impongan a la aerolínea podría utilizarse para afrontar las indemnizaciones.

Por otro lado, la ministra reiteró que la demora en la suspensión de la licencia, denunciada por todos los grupos de la oposición, respondía a la voluntad de "no producir alarma social cuando la situación aún era reconducible y teníamos la esperanza de que el proceso fuera reversible".

Álvarez defendió que la intervención no se produjo hasta que los inspectores así lo aconsejaron porque hasta ese momento debían respetarse los derechos de la empresa, "pese a su actitud irresponsable".

Asimismo, aseguró que el Gobierno intentó evitar hasta el último momento la suspensión de la licencia por el bien de los 1.300 trabajadores de la compañía y de sus pasajeros.