Múgica menciona en su informe que las administraciones reacias a responder, pese a habérseles formulao un tercer requerimiento, fueron los ministerios de Fomento, Interior y Justicia, así como las comunidades autónomas de Madrid, Galicia, Baleares y Murcia.

El Defensor del Pueblo hizo entrega de su informe anual al Congreso a principios de este mes para conocimiento de los grupos parlamentarios y hoy cumplió con su obligación de comparecer anualmente en la Cámara Baja para dar cuenta de la labor realizada.

Explicó que en 2001 se gestionaron 2.863 quejas, cifra muy por debajo de la de 2002, en qu se presentaron miles relacionadas con la protección de animales dosmésticos, con la situación de ciertos profesores transferidos al Principado de Asturias y con los conciertos educativos de esa comunidad.

De las 13.365 quejas recibidas, 5.657 no fueron admitidas a trámite, lo que equivale al 42,3 por ciento y fueron rechazadas en su mayoría por no apreciarse indicios de irregularidad administrativa.

De las 7.529 restantes, 6.223 (un 83 por ciento) habían sido tramitadas y de ellas se dieron por oncluidas 2.029, mientras que las 4.194 restantes estaban en fase de tramitación y 1.306 estaban aún pendientes de alguna actividad para comenzar la investigación.

La totalidad de las quejas de oficio estaban concluidas o en trámite ante las administraciones correspondientes. El Defensor del Pueblo ha formulado 153 recomendaciones y 178 sugerencias a distintas administraciones en 2001. Del total de las recomendaciones 76 se aceptaron, 25 se rechazaron y 52 están pendientes de respuesta. En cuanto a la sugerencias 73 se aceptaron, 50 se rechazaron y 55 están aún pendientes.

Múgica denunció que hay algunas administraciones cuyo comportamiento ha sido claramente "entorpecedor" de su labor y cita entre las más recalcitrantes al Ministerio de Fomento, la comunidad foral de Navarra y los ayuntamientos de Las Rozas, Leganés, Madrid y Marbella.

CARCELES

Uno de los ámbitos en los que más quejas se han recibido es el relativo al régimen penitenciario, sobre todo en los relativo a la saturación de lascárceles, la represión del consumo de drogas y los episodios de violencia en las penitenciarías. En este sentido, el Defensor del Pueblo reclama atención psiquiátrica y mejoras en las condiciones de vida de las mujeres reclusas.

También propone que se revise de oficio la solicitud de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo presentadas fuera de plazo, que se mejoren las garantías en el proceso sancionador de las multas de tráfico y que se despenalice la insumisión.

Un parte importante de lasquejas tramitadas por el Defensor del Pueblo se refieren a la violencia doméstica y el funcionamiento de la justicia, en especial referidas a los retrasos en la resolución de procesos.

En esta materia, Múgica recomienda medidas para combatir el secuestro intenacional de menores, la creación de un fichero con "huella genética" que permita localizar personas desaparecidas, la implantación de una fondo de garantía de alimentos y pensiones impagadas y regulación de las pensiones de viudedad en los casos e que haya habido un divorcio.

El Defensor del Pueblo dedica especial atención en su informe a los derechos sociales como la sanidad, que considera público y no contributivo y, en este sentido, informó de que el estudio sobre listas de espera que realiza demuestra que existen retrasos que deben ser solucionados por las administraciones públicas.

Asimismo, denunció la existencia de maltratos infantiles en ámbito familiar, los posibles casos de discriminación hacia personas con discapacidad y la escsa oferta de servicios socio-sanitarios para los ancianos.

En materia laboral, criticó las carencias en salud laboral y la "elevada siniestralidad laboral, así como las condiciones de contratación de los teletrabajadores".

INMIGRACION

En lo que se refiere a la inmigración, el Defensor del Pueblo explica que renunció a plantearse la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería porque otras instituciones anunciaron su intención de presentarlo.

En todo caso,Múgica aseguró que su oficina ha hecho un seguimiento exhaustivo de la situación de los menores inmigrantes, vigilando la correcta escolarización de los hijos de inmigrantes y la posible aparición de actitudes xenófobas.

Denunció, igualmente, la insuficiencia de plazas escolares en el primer grado de la educación infantil y la falta de homologación de los estudios universitarios y de becas de movilidad.