En un encuentro con informadores para explicar el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones que el Ejecutivo desea negociar con todos los agentes implicados y las fuerzas políticas, Arias Salgado señaló que la pretensión de Telefónica no es posible "porque supondría una intervención de la Administración, frente al criterio d libre competencia que se pretende introducir".

Así, el ministro explicó que, en todo caso, las tarifas al público deberán contar con unos máximos, por debajo de los cuales será posible la competencia entre operadores, hasta el día 1 de diciembre de 1998, fecha de la plena liberalización.

En ese periodo será el ministerio el que 'vigile' las tarifas, tanto al público como las de interconexión entre operadoras por el uso mutuo de sus redes, que deberán ser ofrecidas obligatoriamente a los competidres que las demanden con unas tarifas públicas y ajustadas a costes.

Para esos cánones por el uso de redes o tarifas de interconexión, agregó, existe ya una negociación entre Telefónica y Retevisión, y de no llegar a un acuerdo sería el propio Ministerio de Fomento quien las fije.

AYUDAS A LOS MINUSVALIDOS

Asimismo, señaló que el servicio universal será una obligación de Telefónica por su condición de operador dominante, aunque otros operadores de redes y servicios podrán dar también servicio uiversal si lo solicitan. En cualquier caso, explicó, el coste del servicio universal será cubierto por un Fondo Nacional creado para ese fin y gestionado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Entre las prestaciones que incluye el servicio universal, además de garantizar la telefonía básica, fax, datos, cabinas públicas suficientes y una guía de abonados por demarcación a todos los usuarios, figura también la accesibilidad de personas discapacitadas.

En este sentido, el anteproyeco de ley incentiva las tarifas especiales y los costes derivados de facilitar el acceso de los minusválidos al servicio universal, permitiendo que se descuenten estas cantidades de sus aportaciones al fondo de financiación del servicio.

Según los criterios de Arias Salgado, el techo de las tarifas de servicios al público vendrá determinado por los propios precios de Telefónica, cuya regulación seguirá vigente hasta la plena liberalización en 1998. Desde ese momento, habrá un traspaso de responsabilidaes a la Comisión de las Telecomunicaciones, que deberá utilizar unos criterios objetivos para autorizar variaciones tarifarias.