Según la patronal catalana, el Ejecutivo dinamita “conscientemente” el diálogo social, una de las “herramientas de cohesión más valiosas que tiene este país” y sus acciones le llevan a pensar que su intención es “legislar contra los empresarios”.

Foment considera que esta “política de hechos consumados” es “especialmente lesiva” para la actividad económica, ya que “se impone sin negociar, no solo porque no cumple con la legalidad sino que hace imposible la confianza basada en la buena fe”.

Para la patronal catalana es “preocupante” la “deriva intervencionista” del Gobierno central, que está “obligado” a consultar a los actores del diálogo social y ha decidido “obviar” esta necesidad que recoge el artículo séptimo de la Constitución Española.

La organización señaló que “esta manipulación de la negociación colectiva y de su espíritu” es “especialmente peligrosa y perjudicial para la cohesión social y la economía del país”. Y, además, tildó de “lamentable” que ciertos movimientos “parecen hacerse solo para favorecer a ciertos actores cercanos a los intereses del Gobierno actual y no se hacen para seguir el interés general”.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, reclamó al Gobierno “respeto para las empresas y para el diálogo social” a la vez que también exige que “se mantengan los acuerdos tomados para poder actuar con confianza”.